¿Cuáles promesas?

La democracia no debe morir, pero sus males no han de ser curados con falsas ilusiones. Ernesto Garzón Valdés

Las responsabilidades primigenias del Estado son la seguridad y la impartición de justicia. En otras palabras, la percepción firme de que tenemos una vida social ordenada en la que sabemos a qué atenernos. Si alguien altera la armonía entre normas y conductas debe ser sancionado. Acciones preventivas y correctivas. El fin es claro: demostrar que la ley es la ley. Hasta aquí la teoría.

La cantaleta es de todos los días: "caerá todo el peso de la ley". La realidad es que en México nuestros ordenamientos son ingrávidos, flotan, pero no aterrizan.

El principio para designar servidores públicos de 90% de obediencia y 10% de capacidad fracasó estruendosamente. Con el sometimiento en ese rango se borra toda intención de cumplir el deber.

Ubi societas ibi jus: donde hay sociedad hay derecho. Los asuntos globales, nacionales, estatales, municipales, casi siempre tienen un ingrediente jurídico. En algún momento alguien desacató una regla y después todo fue un conflicto.

Así como ningún deporte se puede practicar sin reglas a ser acatadas por los contendientes, la vida de las comunidades no es posible sin el consenso en torno a ciertos principios que se consideran respetables. Es el mínimo ético-político para la convivencia. De otra manera, es la barbarie. Suena simple, no lo es.

México vive hoy con la sensación de que en las instancias en el ejercicio del poder hay una animadversión a la legalidad. En el ánimo de la gente se padece cada vez más el vértigo pendular entre la anarquía y el autoritarismo.

Hace 35 años, Mario Vargas Llosa nos definió como una "dictadura perfecta". Le reconocía un eficiente camuflaje que quiso ser imitado por varios países latinoamericanos. Enrique Krauze acotó con el término "dictablanda" y Octavio Paz, por "amor a la precisión intelectual", aclaró que México tenía un sistema anómalo de dominación, pero nunca equiparable a las dictaduras militares de nuestro continente.

El tema sigue siendo fascinante. Da para mucho. Solamente quiero agregar que el viejo sistema priista tenía muchos matices y elementos híbridos que eran una fachada engañosa. El meollo está en que la 4T lo despojó del disfraz. Ahora no somos ni siquiera un Estado en transición como otros analistas nos calificaron. Sin mayores rodeos, nuestra involución es evidente. De ahí tenemos que partir para formular nuestras propuestas.

El discurso de campaña, por su propia naturaleza, es un conjunto de promesas. La más prioritaria es darle seriedad a la institución del ministerio público. Ejemplo de nuestro surrealismo cultural ha sido que, a partir de su independencia, se percibe más su abyecta sumisión. No ha habido ni el más mínimo recato de cuidar las apariencias.

Nuestra Constitución señala los órganos encargados de la investigación de delitos. Aún se está investigando el homicidio de Luis Donaldo Colosio (32 años), el incendio de la guardería ABC (17 años), el caso Ayotzinapa (12 años). Las infamias que se cometen desde el poder para reprimir opositores cada vez son más frecuentes. El Poder Judicial es escandalosamente ineficiente y parcial. Lo patético del asunto es que ni siquiera llegan a iniciarse los juicios por las deficiencias en las averiguaciones previas.

En este espacio he insistido en las enormes falencias en la dualidad del México legal y del real, hoy más evidente que nunca. Ahí está la gran tarea que empieza desde la manera en que se enseña el derecho.

No coincido con esa patológica rutina de que a cada reclamo social se responda modificando códigos, creando instituciones o cambiando los nombres de los órganos responsables. Lo primero es analizar el andamiaje normativo, hacerlo cumplir y así avanzar sin engaños para recuperar credibilidad y confianza. Vigorizar la conciencia cívica de la ciudadanía debe ser el arranque.

Juan José Rodríguez Prats